El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, expresó que los empresarios aguardan con ansiedad una respuesta del Gobierno nacional para contrarrestar la dificultades que atraviesan las economías regionales. "Esperamos medidas porque entendieron (las autoridades del Poder Ejecutivo) la gravedad del problema. Llamaron a los sectores a una mesa de consulta y pienso que van a dar alguna respuesta", resaltó.
Además, afirmó que los aumentos de los costos y de los salarios no fueron seguidos por un incremento del dólar oficial y que, ante ese escenario, las economías regionales "están en quebranto". Con estas palabras, el directivo intervino en la apertura del Encuentro Regional Norte que ayer organizaron, en forma conjunta en la provincia, la CAME y la Federación Económica de Tucumán (FET).
El titular de la entidad empresarial señaló que el sector privado solicitó al Gobierno nacional que aplique un programa de reintegros y de subsidios a los emprendedores afectados por las dificultades económicas, así como la eliminación de retenciones. Destacó también que la presión fiscal sobre las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME), en el plano nacional, en el provincial y en el municipal, sobrepasa el 50% de la productividad. "Esto está haciendo que muchas empresas no sean rentables y que otras estén obligadas a evadir… a no pagar impuestos. Hubo buenas medidas del AFIP respecto de la moratoria, pero los municipios están inventando cualquier tipo de tasa, como publicidad, y las provincias aumentaron, en general, los Ingresos Brutos. Esta situación se torna bastante problemática para las empresas", añadió.
Sobre la comercialización informal, Cornide expresó: "la venta ilegal, que no es la venta ambulante, sino una organización, una estructura de negocio. Es un cáncer para el país. Desgraciadamente, no hay una acción oficial para combatirlo". En esa línea mencionó a Jorge Castillo, referente de La Salada, el mercado de compras ubicado en Lomas de Zamora, Buenos Aires. "Por televisión dice que vende mercadería en negro y no hay un fiscal que lo denuncie. Aquí hay una responsabilidad del Estado", concluyó.